GREMIO DE VIALIDAD IRA A LA JUSTICIA PARA IMPEDIR EL CIERRE DEL ORGANISMO

Con una importante marcha este miércoles al Ministerio de Desregulación del Estado, los gremios de la Dirección de Vialidad Nacional, profesionales, y diversas organizaciones sindicales y políticas expresaron su profunda preocupación por el futuro del organismo y el estado de la infraestructura vial del país ante el anuncio del cierre de la entidad. La concentración se inició a las 10 de la mañana en la puerta de Vialidad Nacional y culminó en el Ministerio de Desregulación.

McNamara dialogó con Mundo Gremial y detalló la magnitud de la convocatoria y el acompañamiento de otros sectores del movimiento obrero: “Estaban todos los gremios de Vialidad Nacional, profesionales, el STV, la FEPEVINA, ATE, también se acercó ATE Capital, la gente de SECASFPI, las 62 Organizaciones, Camioneros”, y resaltó también la presencia de los diputados sindicales Sergio Palazzo (La Bancaria) y Mario “Paco” Manrique (SMATA).

La gremialista informó sobre el contacto con diversos bloques de diputados nacionales, entre los que se encuentran el Partido Socialista, Frente Renovador, Unión por la Patria, y la izquierda, para trabajar en la derogación del decreto en el Congreso. Asimismo, recordó que ya se presentó una medida cautelar previa que sentará un precedente para una nueva presentación (que se realizará una vez que se oficialice el DNU anunciado por el Ejecutivo), argumentando que a Vialidad Nacional no le cabe el DNU 70/23, ni la Ley Bases, dada su importancia para el funcionamiento del Estado.

La titular del SEVN informó que, si bien aún no pudo contactar con todas las delegaciones del interior del país, se están evaluando paros de 48 horas en diversos distritos, donde la inactividad de las cuadrillas generaría un impacto significativo. McNamara remarcó que desde el gremio seguirán una estrategia “día por día” para evitar represalias, dada la constante presencia policial que sufren en sus actividades.

McNamara reveló la preocupante situación de los 5200 empleados de Vialidad Nacional. “En estos últimos meses tuvimos muchísimas bajas porque jubilaron a muchísima gente y otro tanto se fue yendo porque desde el mes de octubre que no tenemos paritarias, lo cual bajó muchísimo el nivel de los sueldos”, explicó. A esto se suma la “persecución” y la “angustia” que se percibe en el organismo desde la asunción de Javier Milei.

Para desmitificar la percepción de un “excesivo” número de empleados, McNamara enfatizó que “para los 40.000 km de ruta que tiene Vialidad Nacional es nada” y que en otro tiempo el organismo supo tener más de 18 mil empleados.

La dirigente gremial advirtió que, de los 5200 trabajadores, solo 1200 son de planta permanente, mientras que hay unos 3500 con contrato a tiempo indeterminado (considerados planta transitoria), y alrededor de 20 monotributistas.

La incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores de Vialidad Nacional es total: “Supuestamente lo que nos dijeron es que a disponibilidad pasaría la planta permanente y el resto no se sabe. Nos hablaban de que el resto sería indemnizado. Los monotributistas, nada, les dejan de tomar los contratos y se termina”, lamentó McNamara, señalando que la categoría de “contrato a tiempo determinado” utilizada por el gobierno para los transitorios “no es la figura que tenemos, que es indeterminado planta transitoria”, señaló.

La preocupación central se extiende al estado actual de las rutas y el futuro del mantenimiento vial si se disuelve Vialidad Nacional. “Es lamentable lo que está pasando”, sentenció la sindicalista. El decreto propone concesionar una parte a privados y otra a las provincias, una solución que para el sindicato es inviable ya que, “ninguna provincia o muy pocas podrían tomar los trayectos de ruta sin el presupuesto”, alertó.

McNamara explicó que el único plan declarado por el gobierno, hasta ahora, se enfoca en concesionar 10.000 km de rutas, de los 40.000 a cargo de Vialidad Nacional, pero que “ni siquiera está funcionando porque ninguna empresa los quiere tomar aún en el estado que están las rutas. Tenemos un 70% de las rutas en mal estado, lo cual es gravísimo”.  Por otra parte, los 30.000 km restantes carecen de un plan concreto. “Nadie da una respuesta”, aseguró la titular del SEVINA, añadiendo que las provincias no tienen presupuesto para hacerse cargo de la transferencia.

La gremialista destacó la complejidad de las funciones de Vialidad Nacional, que van mucho más allá del simple bacheo o desmalezado. Incluye el mantenimiento de puentes, pasos fronterizos, balanzas para el control de pesos y dimensiones, la investigación de laboratorio (con tecnología de punta reconocida a nivel sudamericano), y una importante parte ambiental. “Todo eso en el decreto no está”, denunció.

McNamara enfatizó también en la inversión en capital humano que representa el personal de Vialidad, con años de capacitación y formación, incluso con escuelas técnicas y posgrados universitarios. “Hay gente que está hace 50 años en la repartición y que se ha ido capacitando”, subrayó, señalando que los trabajos de los profesionales viales argentinos son altamente valorados a nivel internacional. Las funciones cruciales, como el trabajo en campamentos bajo condiciones extremas y la atención de emergencias, también quedan sin una respuesta clara en el plan gubernamental.

Ante las acusaciones de corrupción por parte de funcionarios como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, McNamara subrayó que se trata de una estrategia para “calar un discurso en la sociedad para que la gente no salga a defender un organismo como Vialidad Nacional que tiene 93 años de historia”. Recordó que el organismo ha trascendido diversas gestiones políticas, pero los trabajadores «siguen siendo los mismos».

En esa línea, puntualizó que, “si ellos creen que hay corrupción en Vialidad Nacional, lo que deberían tratar de hacer es atacarla y mantener a sus trabajadores y el organismo como corresponde”, indicó. Además, recordó que desde los sindicatos se presentaron informes técnicos y un proyecto de “Vialidad Estratégica” que permitiría reducir el costo de funcionamiento del organismo más que la tercerización.