LA JUSTICIA FRENO LA CREACION DEL FUERO LABORAL EN CABA

(12 de julio) La Justicia nacional asestó un nuevo golpe a las aspiraciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial al confirmar este jueves la medida cautelar que suspende la creación del fuero laboral local, compuesto por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y una Cámara de Apelaciones del Trabajo con dos salas.

La decisión, tomada por los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, ratificó el fallo de primera instancia del juez Santiago Carrillo, quien en febrero pasado hizo lugar a la presentación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando la Legislatura porteña aprobó por 30 votos a favor y 28 en contra la ley 6789, que modificó la norma orgánica del Poder Judicial de la Ciudad y habilitó la creación del nuevo fuero laboral. Esta iniciativa coincidió con el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que reconoció la competencia del Tribunal Superior de Justicia porteño para resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria. Sin embargo, la AMFJN presentó una medida cautelar argumentando que la ley local vulnera la garantía del juez natural y afecta las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo, generando un “menoscabo al servicio de justicia”.

El juez Carrillo, al suspender provisoriamente la implementación del fuero, señaló que la continuidad de los tribunales nacionales ordinarios en CABA es “meramente transitoria” y está supeditada a convenios de transferencia de competencias entre el Estado Nacional y la Ciudad, conforme a la reforma constitucional de 1994. La Ciudad apeló esta decisión, cuestionando la competencia de Carrillo y defendiendo la legitimidad de la ley sancionada por su Legislatura. Sin embargo, los camaristas Fernández y Morán desestimaron los planteos porteños, destacando que existe un “conflicto positivo de competencia” actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.

El fallo de la Cámara subrayó que, antes de implementar el fuero laboral, el Gobierno porteño debía alcanzar acuerdos institucionales con el Estado Nacional para garantizar una “transferencia racional de competencias”, como ocurrió con otras leyes porteñas que regularon la transferencia progresiva de competencias penales. Los jueces advirtieron que la puesta en marcha del fuero sin estos acuerdos podría entorpecer la labor del Poder Judicial nacional, afectando la calidad del servicio de justicia y generando riesgos institucionales por la creación de órganos judiciales cuya constitucionalidad está cuestionada.

La cautelar, según los camaristas, no desconoce la autonomía de la Ciudad, sino que busca prevenir “graves perjuicios” derivados de la superposición de tribunales, que podría afectar la seguridad jurídica de los litigantes. La suspensión se mantendrá hasta que se resuelva la constitucionalidad de las leyes impugnadas o se concreten los acuerdos de transferencia entre la Nación y la Ciudad.

 

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