EL GOBIERNO ENVIA SEÑALES A CGT Y BUSCA ANIQUILAR EL DERECHO A HUELGA EN UN SECTOR CLAVE

La nueva embestida tiene base en un decreto ideado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger y que vio a la luz en enero pasado, que ahora intenta ser ampliado por medio de otro proyecto de decreto que tiene entre manos: la “Desregulación y promoción del Transporte Marítimo y Fluvial de la República Argentina”.

En voz del oficialismo, la reforma inicial (decreto 37/25) constituye se centra en la supresión de disposiciones de “sometimiento” del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal.

El Gobierno argumentó el objetivo “de conferir al sector un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”.

A todas luces, la nueva medida que prepara Sturzenegger configura una nueva embestida al movimiento obrero organizado, con disposiciones que atacan la libertad sindical, vulneran el derecho a huelga y limita el accionar de los convenios colectivos de la actividad.

Entendidos en la materia señalaron que el nuevo régimen conlleva un riesgo profundo de desarticulación del sistema de relaciones laborales en el sector marítimo, favoreciendo intereses corporativos en detrimento de las garantías fundamentales de los trabajadores.

Entre otros puntos, la reforma del Gobierno declara al transporte marítimo y fluvial como servicio esencial restringiendo el derecho a huelga, con la exigencia de cobertura mínima de un 75% del servicio durante conflictos colectivos.

La limitación de la huelga alcanza a actividades privadas o no vitales para la vida o la salud pública inmediata, en contra de las garantías constitucionales y de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por otro lado, el Decreto 37/2025 flexibiliza los contratos de embarque permitiendo excluir normativa laboral nacional, abriendo la puerta a contrataciones bajo leyes laborales extranjeras. El punto central está referido a la firma de contratos sin ser sometidos a convenios colectivos locales ni a regímenes de estabilidad o de seguridad social obligatoria.

La desregulación también fomenta la llegada de buques de banderas extranjeras en detrimento del empleo local. Y a su vez, la adopción de un régimen de “bandera nacional de conveniencia”, que permite operar bajo matrícula extranjera sin perder beneficios ni acceso al mercado interno.

Al mismo tiempo, busca la desvinculación de las bolsas de trabajo sindicales, habilitando plena libertad de contratación para los armadores. Golpe certero a los gremios y un mensaje directo a la dirigencia sindical del transporte y de la CGT.

“Todas estas reformas son presentadas como mecanismos de modernización y eficiencia, pero en la práctica configuran un proceso de externalización jurídica y precarización estructural del trabajo embarcado”, explicó un especialista.

En la misma línea, desde el sector marítimo señalan con preocupación el estímulo a operar con buques extranjeros usados o alquilados, una situación que debilita la demanda de construcción naval local.

Los espacios sindicales con injerencia en la actividad están abocados en presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para denunciar eventuales violaciones a las libertades sindicales, en perjuicio del trabajo argentino y la industria marítima nacional.