La Comisiçon Interamericana de Derechos Humanos analizará el pedido del SIPOBA

RECLAMO DE SINDICALIZACION DE POLICIAS BONAERENSES LLEGO A LA OEA

(29 de Junio) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibió y dio curso a un pedido del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba) para analizar si corresponde la afiliación gremial de la organización en la Argentina. La petición del Sipoba llegó a la CIDH luego del revés que recibió en abril de 2017 de la Corte Suprema de Justicia. En ese año, el máximo tribunal consideró que la Policía bonaerense “no tiene derecho a sindicalizarse”. El fallo se resolvió por mayoría, aunque tuvo dos votos a favor.

El magistrado Juan Carlos Maqueda sostuvo que los policías bonaerenses “estaban facultados para formar un sindicato y que dicho sindicato debía ser habilitado para actuar como tal mediante su inscripción en el registro especial de las asociaciones profesionales que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación".

Su par Horacio Rosatti indicó que “el derecho a sindicalizarse del personal policial bonaerense surge de modo directo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin otro requisito -tal como lo establece dicha cláusula- que su inscripción en un registro especial".

Sin embargo, los dos jueces rechazaron la potestad del “derecho a huelga”, teniendo en cuenta los servicios públicos y el poder que ostentan las fuerzas de seguridad. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz dijeron que los policías no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse.

Sipoba exige su sindicalización desde 1989. Argumentan que el artículo 14 bis de la Constitución garantiza la "organización sindical", aunque ese pedido ya tiene tres rechazos judiciales contundentes. Fuentes de la organización recordaron que antes del estallido político, económico y social del 2001, Patricia Bullrich, ex ministra de Trabajo del fallecido Fernando De la Rúa, firmó el “reconocimiento” del Sipoba, pero que años más tarde ese expediente fue “adulterado” y que hoy la firma de la actual presidenta del PRO no se pude verificar oficialmente.

La sindicalización de las fuerzas de seguridad recrudeció en 2012 con una masiva protesta de Gendarmería y Prefectura por un recorte salarial, que contó con el respaldo público de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. Tras la toma del Edificio Centinela y luego de una ardua negociación con Nilda Garré y Sergio Berni, gendarmes y prefectos depusieron la actitud. Allí nació la figura de Raúl Maza, ex vocero del conflicto por parte de los uniformados.

Luego varios días de queja, el Gobierno dio los aumentos, pero pasó a disponibilidad a los máximos cabecillas del levantamiento. En 2016, cuando Bullrich asumió la cartera de Seguridad, repuso de inmediato a todos los desplazados y meses más tarde los autorizó a portar armas de fuego personales.

Para lograr la personería, el Sipoba se unió a otras agrupaciones de uniformados como el Movimiento Policial Democrático, En Cumplimiento del Deber, Los Patanegra, Familiares de Policías, Infantería Unida, Solidaridad Policial, la Asociación Comisario Meritorio "Juan Vucetich" y conformaron la Unión Policial por el Derecho Sindical.

En 2004 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió el pedido de Sipoba (Caso N° 2240), pero determinó que es el Estado nacional quien debe cumplimentar las leyes vigentes. En 2017 la petición se presentó ante la OEA y el miércoles pasado se abrió el trámite.

La secretaria ejecutiva de la CIDH, Marisol Blanchard, informó al Sipoba que se solicitó al Gobierno nacional que presente sus “observaciones” sobre el reclamo, con un plazo máximo de respuesta de tres meses. La apertura de la causa P-1916-17 en el marco de la Comisión no implica un reconocimiento gremial del Sipoba. La decisión de admitir o no el pedido se resolverá luego del intercambio y análisis de la información presentada.

El líder de Sipoba, Nicolas Massi expresó su expectativa positiva por el inicio del trámite en el fuero penal internacional. Massi dijo que “por primera vez en la historia” la afiliación de un sindicato policial argentino será tratada en un organismo de relevancia mundial. Constituye un paso estratégico en la lucha por la dignidad de nuestro colectivo laboral, dijo Massi.

 

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