Es debido a las malas condiciones laborales que imponen. El estado chino es experto en precarizar la mano de obra

SINDICALISTAS ARGENTNOS EN ALERTA POR LOS ACUERDOS CON CHINA

(2 de Enero) Tanto en 2015 como en 2016, gran parte del sindicalismo argentino mostró los dientes ante los contratos que los gobiernos de Cristina Kirchner primero y Mauricio Macri después firmaron con China: según se temía a la luz de cierta experiencia internacional, esos entendimientos comerciales podían ocasionar la llegada masiva de trabajadores asiáticos, generar una reducción de los salarios locales o flexibilizar los derechos laborales en nuestro país. Hoy, cuando la flamante administración de Alberto Fernández se propone profundizar los acuerdos con Beijing en busca de inversiones, ese mismo sindicalismo mantiene las luces de alerta. Para evitar futuros problemas, de todas formas, en la CGT y algunos gremios ya prevén que le pedirán al Gobierno que cualquier eventual convenio con el presidente Xi Jinping contemple taxativamente el respeto por las leyes, convenios y condiciones laborales de los trabajadores argentinos.

Los miedos de la dirigencia gremial por las implicancias de los acuerdos con China no son caprichosos: el despegue económico del gigante asiático trajo aparejada una fuerte expansión a otros mercados del mundo, sobre todo en países de América Latina y de África, pero con el desembarco adicional de problemas que existen en el régimen, como la poca preocupación por el cuidado del medio ambiente y la casi nula protección de los derechos laborales, con sobreexplotación horaria, salarios bajos, casos de trabajo esclavo, persecución de los huelguistas e importación de mano de obra barata.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, vivió su experiencia en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Allí, los que mandaban eran todos de nacionalidad china. Admitió que “a veces es otra la realidad que se da en América Latina y en África”, al aludir a las consecuencias “indeseadas” de las inversiones chinas, aunque negó que “los negociadores del sector inversor quieran traer 300 chinos y pretendan que acá sea su territorio". Pero reconoció: “En la hidroeléctrica de Santa Cruz, la tecnología y los mandos medios son de trabajadores chinos para garantizar el funcionamiento”. 

Este sindicalista -titular de UOCRA- fue uno de los que en 2015 criticó los acuerdos que Cristina Kirchner firmó con Xi Jinping, que permitieron que China tuviera facilidades para inversiones con adjudicación directa y que incluyó la polémica autorización para que el régimen de Beijing construyera una base de observación espacial en Neuquén en un predio de 200 hectáreas cedido en forma gratuita por 50 años y con exenciones impositivas. “Tuve esa postura por las dudas. No queríamos ni queremos un contingente de trabajadores chinos porque nosotros podemos hacer cualquier trabajo”, señaló Martínez, que en aquel momento, en una postura compartida por la UIA, llegó a enviar una carta a los legisladores para que rechazaran los convenios firmados por la actual vicepresidenta.

Para el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, “un acuerdo con cualquier país no significa ceder derechos”. Sin embargo, el líder de los estatales puso de relieve que para evitar que estos acuerdos comerciales tengan efectos negativos “lo importante es que haya participación de los sindicalistas, y eso lo vamos a reclamar siempre: la presencia de las organizaciones gremiales garantiza que no se violenten los derechos de los trabajadores".

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