Ibarra se reunión con dirigentes de ATE y les comunicó que responderá a más tardar en 15 días

EL GOBIERNO TODAVIA NO DA RESPUESTA SOBRE EL BONO PARA LOS ESTATALES

(27 de Octubre) El ministro de Planificación, Andrés Ibarra, recibió a la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y les comunicó que el equipo económico todavía está estudiando cuál será el impacto presupuestario del bono de fin de año para la administración pública, según el universo que abarque. “Falta resolver cuál va a ser ese universo. El costo de otorgarlo a los empleados de planta es uno, el de sumar a los contratados otro totalmente distinto. Hoy se está analizando cuál puede ser ese universo, y cuando haya una propuesta formal se volverá a llamar a los gremios”, explicaron desde la cartera de Modernización. La misma fuente agregó que esto se resolvería “la semana que viene o la otra”.

La reunión con ATE había generado expectativas debido a que se esperaba que esta semana se realizaran avances en la definición de la compensación económica. Sin embargo, tanto desde el Gobierno como en el sindicato aseguraron que no los hubo. Del encuentro no participó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato de estatales mayoritario e integrante de la CGT.

Los funcionarios ratificaron, por otra parte, que la paritaria no será reabierta. “Ibarra insistió en que no hay posibilidades de recomponer los salarios. Sólo están analizando el bono, pero no está definida todavía la modalidad de pago, ni la cantidad de trabajadores que lo van a cobrar, ni el monto. También consideró improbable que el Estado nacional de un respaldo a las provincias para garantizar su pago”, señaló el titular de ATE, Hugo Godoy. Con esta situación, el gremio se encamina a convocar a un nuevo paro para la primer quincena de noviembre.

Otro punto rechazado en la reunión fue el reclamo de que se revisen los despidos para reincorporar a los estatales que hayan sido cesanteados sin fundamento. En cambio, los responsables de Modernización aseguraron que 3100 cargos vacantes en planta permanente de la administración pública van a ser cubiertos con empleados precarizados que tengan más de diez años de antigüedad, como un modo de ir dando respuesta a los altos niveles de empleo en negro dentro del Estado.

Los gremios reconocen que es un buen paso, pero lo consideran insuficiente: según los datos del propio ministerio, sobre un total de 90 mil trabajadores del Estado contratados sólo unos 12 mil cumplen con el requisito de los 10 años de antigüedad.

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