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GRACIELA ALEÑA PRESENTO UN AMPARO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 461 QUE PLANTEA DESREGULAR Y CERRAR VIALIDAD NACIONAL
(16 de julio) La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto Delegado 461/25, firmado por el presidente Javier Milei. La presentación, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la jueza Marta Rey, bajo el expediente Nº 27.651/2025.
El recurso solicita que se declare la invalidez del decreto por considerarlo ilegal y arbitrario, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, ya que avanza sobre la estructura del Estado con la consecuente afectación a puestos de trabajo, estabilidad laboral y al funcionamiento de áreas clave como la seguridad vial, la ciencia aplicada y la salud pública.
En un comunicado, Aleñá y sus asesores jurídicos advirtieron que este decreto genera una “amenaza, incertidumbre y falta de certeza” respecto de cómo serán reemplazadas las funciones que históricamente cumplen trabajadores técnicos, operativos y profesionales en organismos estatales, funciones que —según señalaron— son esenciales para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en el artículo 42 de la Constitución.
El planteo sostiene que la medida presidencial vulnera el artículo 14 bis de la Carta Magna y convenios internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos laborales y protección del empleo público, entre ellos tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial, constituye un toque de alarma para la vida y la integridad física de las personas”, alertaron los denunciantes, al tiempo que remarcaron que también se ve afectado el transporte de mercancías de las economías regionales, claves para el consumo interno y las exportaciones.
En términos más amplios, Aleñá y Barcesat denunciaron un “avance en la destrucción del Estado/Nación”, que se manifiesta en pérdida de empleos y una política que favorece la importación en detrimento de la industria nacional. A su vez, vincularon estas medidas con “políticas fracasadas del pasado”, comparándolas con el desmantelamiento estatal durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), las privatizaciones del menemismo y el endeudamiento del período macrista.
Finalmente, los firmantes recordaron a los jueces su rol constitucional de garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, haciendo valer el control de legalidad y razonabilidad sobre las normas dictadas por los demás poderes del Estado.
“El Amparo se presenta como una herramienta esencial para proteger la vigencia del orden constitucional y evitar que se consolide un retroceso institucional de gran magnitud”, concluyeron.
