Juan Carlos Alonso elevó un primer informe a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para denunciar "la contratación indiscriminada de personal” y otras irregularidades

EL INTERVENTOR DE LA OBRA SOCIAL DE SEGURIDAD DENUNCIO TRANSFERENCIAS POR 330 MILLONES DE PESOS A UNA FUNDACION

(2 de junio) El interventor de la Obra Social del Personal de Seguridad (Ospsip), Juan Carlos Alonso, elevó un primer informe a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para denunciar "la contratación indiscriminada de personal y la transferencia de más de 330 millones de pesos en el primer trimestre del año a la Fundación de Médicos Solidarios". Alonso adelantó también que "la SSS elevará la denuncia a la justicia, ya que las irregularidades se realizaron sin otro respaldo que la firma de orden de pago".

"La SSS ya confirmó que elevará la denuncia a la justicia", sostuvo Alonso, quien asumió la intervención de la obra social el 21 de marzo último y presentó un extenso escrito de 332 fojas, en el que detalló "la situación institucional y económica de la entidad". En el informe, Alonso denunció gastos mensuales por más de 14 millones de pesos por seguridad y 5 millones de pesos por limpieza y pagos duplicados a prestadores de salud.

También detalló que para realizar el escrito solicitó informes del estado de las cuentas bancarias de la obra social y constató la inexistencia de inmuebles y automotores.

En el relevamiento de Recursos Humanos halló "un elevado número de personal contratado con una antigüedad no superior a tres meses, superposición de tareas y abultados gastos de mantenimiento de vehículos, aunque la entidad no los tiene", dijo.

Además, enfatizó que durante la gestión del exinterventor Sigifredo Jorge Banegas se informaron erogaciones entre el 16 de diciembre de 2022 y el 21 de marzo de este año por 330.915.600 millones de pesos, "lo que equivalía entonces a un millón de dólares".

 

"Esos pagos salieron a nombre de la Fundación de Médicos Solidarios de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, sin respaldo alguno a excepción de la firma de orden de pago por el interventor cesado", sostuvo Alonso, quien puntualizó que "el mismo modus operandi se replica con otras fundaciones y empresas que tampoco tienen facturas".  

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