(20 de noviembre) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lanzó un paro nacional de 24 horas con movilización para el próximo jueves 5 de diciembre, como rechazo “al recorte salarial en las paritarias, la escalada de violencia y amenazas del Gobierno en las últimas horas, como sucedió por ejemplo en el Ministerio de Justicia entre otras carteras, y los exámenes de idoneidad ilegales que pretenden tomar en la Administración Pública”, informaron desde el gremio.
La decisión se tomó en el marco del Plenario Federal de Delegados llevado a cabo este martes en el anfiteatro Eva Perón, de la sede nacional del gremio, donde participaron más de mil dirigentes de todo el país. Además, el cuerpo de delegados dejó en manos de la conducción del sindicato la posibilidad de convocar a nuevas jornadas de paros.
También se resolvió que el gremio realizará protestas en todas las provincias con movilizaciones sobre rutas, así como asambleas y radios abiertas para concientizar sobre el ajuste del Presupuesto 2025 y su impacto en todas las regiones.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, subrayó que, “si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos”, y manifestó que las políticas de ajuste del Presidente Javier Milei, “ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea” y señaló que “Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, apuntó en referencia al anuncio de exámenes de idoneidad en la Administración Pública.
Aguiar también lamentó que “En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado”, y afirmó que, con este marco, “crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo”, advirtió y enfatizó en que, “no soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales”, remarcó.