(3 de junio) En un duro revés judicial para la política de ajuste sobre la administración pública nacional, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó paralizar el plan de desmantelamiento institucional que pesaba sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
A través de una medida cautelar de no innovar, el magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto dictaminó suspender los efectos de la polémica Resolución N° 27/2026 del organismo y obligó a las autoridades a abstenerse de concretar despidos, pases a disponibilidad, traslados o el remate de bienes inmuebles de la institución.
La resolución de la causa, caratulada “Asociación Trabajadores del Estado y otros c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria s/ Amparo Ley 16.986”, responde a una presentación conjunta encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), cooperativas de trabajo como Trasulag Limitada, la Asociación Manuel Ugarte, la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y productores locales damnificados.
El fallo detalla de manera taxativa las acciones gubernamentales que quedan inmediatamente congeladas en resguardo de la estructura del organismo tecnológico. De acuerdo con el dictamen del juez, las autoridades del INTA deben frenar cualquier acto destinado a materializar la supresión de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y de todas sus unidades dependientes.
Asimismo, la manda judicial prohíbe de forma explícita los “movimientos del personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública”. En materia patrimonial, la cautelar bloquea los planes de “traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA (AMBA)”, protegiendo laboratorios, capacitaciones en el territorio e investigaciones de extensión que resultan vitales para el incremento de la producción y la preservación de la agricultura familiar.
Tras conocerse el dictamen, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para calificar el hecho como un “nuevo fallo histórico en favor de ATE contra el Gobierno”. El dirigente rionegrino destacó el rol protector de los tribunales frente al avance sobre los puestos de empleo y las dependencias del Estado: “otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno, suspendiendo la Resolución 27/2026 del INTA”.
Aguiar puntualizó que el fallo judicial pone en valor el rol estratégico de la EEA AMBA y sus agencias de cercanía, remarcando que el magistrado fundamentó que estas sedes conforman estructuras elementales para el desarrollo científico, el asesoramiento técnico y el acompañamiento productivo a pequeños productores regionales. Según el titular de ATE, estas actividades están fuertemente ligadas a “objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales”, lo que vuelve inviable su disolución por una vía puramente administrativa.
Con su característico perfil confrontativo, el referente de los estatales envió un fuerte mensaje a los funcionarios de la gestión nacional. “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada”, apuntó Aguiar, y concluyó: “Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.