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ALERTAN POR EL DETERIORO DE LAS RUTAS Y CRECE LA PREOCUPACION POR EL FUTURO DE VIALIDAD NACIONAL
(1 de junio) La situación de la infraestructura vial argentina volvió a quedar en el centro de la escena luego de una presentación judicial impulsada por trabajadores de Vialidad Nacional y de las advertencias realizadas por referentes del sector de la construcción sobre el deterioro de rutas y obras paralizadas en todo el país.
Desde la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional señalaron que el organismo atraviesa un escenario de fuerte desfinanciamiento que complica tanto el mantenimiento de caminos como el funcionamiento cotidiano de distintas dependencias.
Según explicó el gremio, los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos que deberían destinarse al mantenimiento vial no estarían llegando de manera plena al organismo, lo que impacta directamente en las tareas de conservación de rutas y caminos nacionales.
La presentación judicial apunta contra funcionarios nacionales por presunta malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes y retención de partidas destinadas al sistema vial federal. De acuerdo con el planteo realizado por el sindicato, parte de los recursos que deberían transferirse automáticamente a infraestructura vial habrían sido utilizados para otras finalidades vinculadas al financiamiento del Tesoro.
“Los caminos necesitan atención permanente”, señalaron desde el gremio, mientras remarcan que la falta de mantenimiento sostenido podría profundizar el deterioro de la red vial en distintas regiones del país.
En paralelo, la Cámara Argentina de la Construcción expresó su preocupación por la situación general de la obra pública y aseguró que la falta de inversión en infraestructura genera pérdidas estimadas en unos 25 mil millones de dólares anuales. Tras una reunión de su Consejo Federal en Rosario, CAMARCO advirtió que la paralización de proyectos y la ausencia de mantenimiento comprometen la seguridad vial, la competitividad logística y la actividad económica en múltiples sectores.
CAMARCO sostuvo además que existen unos 30 mil kilómetros de rutas que no resultan atractivos para esquemas de concesión privada, por lo que consideran indispensable la participación del Estado para garantizar obras y mantenimiento.
El escenario también genera preocupación por el impacto laboral. Desde el sector empresario indicaron que la demora en pagos, la paralización de obras y la caída de la actividad ya afectan a constructoras, proveedores y trabajadores vinculados a la infraestructura.
En ese contexto, CAMARCO reclamó la reactivación de obras paralizadas, la cancelación de deudas con contratistas y la puesta en marcha de un programa federal de infraestructura que incluya rutas, energía, puertos, ferrocarriles y saneamiento.
