CRECE LA PRESION POLITICA Y JUDICIAL PARA EVITAR EL CIERRE LACTEOS VERONICA

(29 de mayo) En medio del conflicto, intendentes de las localidades afectadas, senadores provinciales, funcionarios del Gobierno de Santa Fe y representantes de productores mantuvieron una reunión virtual para avanzar en una estrategia judicial conjunta que permita destrabar la situación y evitar el colapso definitivo de la firma. La preocupación crece por el impacto social y económico que ya golpea a toda la región.

Con cinco meses de actividad paralizada en sus plantas de Suardi, Lehmann y Clason, la empresa santafesina acumula deuda de sueldos, cheques rechazados y una deuda bancaria multimillonaria que mantiene en vilo a trabajadores y productores vinculados al circuito tambero.

Las sospechas también alcanzan movimientos financieros y comerciales que ahora podrían quedar bajo investigación judicial. En la reunión entre funcionarios y legisladores se resolvió centralizar las denuncias penales en una sola causa y avanzar con pedidos de acceso a información financiera de la compañía.

Mientras tanto, los trabajadores sostienen guardias permanentes en las plantas ante el temor de un cierre definitivo. «La planta está totalmente parada y no entra leche desde hace meses» denunciaron operarios de la firma, donde además se registraron interrupciones en aportes sociales y cobertura médica.

El conflicto ya impacta de lleno sobre más de 700 trabajadores directos y alrededor de 150 productores tamberos que quedaron atrapados en una deuda millonaria por la leche entregada. Según trascendió, el pasivo con proveedores y productores superaría los 60 millones de dólares.

La crisis de Verónica se suma al complejo escenario que atraviesa toda la industria láctea argentina, golpeada por la caída del consumo, el derrumbe del mercado interno y el aumento de costos. En el sector advierten que, sin medidas urgentes, podrían profundizarse cierres, despidos y pérdida de capacidad productiva en uno de los rubros más sensibles de la economía regional.

Entre las alternativas que comenzaron a discutirse aparece incluso la posibilidad de una expropiación transitoria para garantizar la continuidad productiva y proteger los puestos de trabajo. Los intendentes y legisladores consideran que el Estado provincial y nacional deben intervenir antes de que el daño sea irreversible.

 

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