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BANCARIOS EN ALERTA POR EL CIERRE DE LA SUCURSAL DEL SANTANDER EN TARTAGAL
(9 de enero) El anuncio del cierre definitivo de la sucursal del Banco Santander en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, generó una fuerte preocupación entre los trabajadores bancarios y encendió alertas en el ámbito gremial, ante el impacto laboral y social que la medida tendrá en una región donde la atención presencial sigue siendo clave para miles de usuarios.
La sucursal, ubicada en el centro de la ciudad, cerrará en marzo. Cuenta con siete empleados administrativos y personal tercerizado, por lo que la medida afectará a entre nueve y diez puestos de trabajo. Hasta el momento, no se informaron opciones de reubicación.
Desde la Asociación Bancaria alertaron que la medida genera incertidumbre en el sector. El secretario General en Salta, Carlos Rodas, cuestionó el argumento tecnológico y afirmó que en el interior la atención presencial sigue siendo indispensable.
El dirigente también alertó que este tipo de medidas “crea pánico en todas las instituciones bancarias”, ya que instala la posibilidad de nuevos cierres y ajustes en otras localidades, profundizando la precarización laboral y la pérdida de servicios en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El caso de Tartagal se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del banco a nivel nacional. La entidad financiera de origen español anunció que cerrará 18 sucursales en todo el país entre el 31 de julio y el 21 de agosto de 2025, en el marco de una reorganización estratégica enfocada en la digitalización y la atención remota.
Desde el gremio advierten que esta política de reconversión tecnológica se traduce, en los hechos, en menos puestos de trabajo y un retroceso en el acceso al sistema financiero, especialmente en el interior.
Si bien desde el sindicato reconocen que revertir estas decisiones resulta complejo desde el punto de vista legal, remarcan que la discusión central pasa por defender las fuentes laborales y la continuidad del servicio bancario presencial.
En ese sentido, señalaron que las entidades privadas suelen cumplir con las indemnizaciones previstas por la ley, pero eso no compensa el impacto social y económico que generan los cierres de sucursales.
Más allá de lo estrictamente laboral, el cierre de la sucursal representa una pérdida significativa para la comunidad de Tartagal, donde muchos vecinos —en especial adultos mayores y personas con acceso limitado a herramientas digitales— dependen de la atención directa para cobrar haberes, realizar pagos o gestionar trámites que no pueden resolverse de manera virtual.
Desde la Asociación Bancaria anticiparon que continuarán monitoreando la situación y no descartan acciones gremiales si se profundiza la política de cierre de sucursales. El conflicto vuelve a poner en debate el rol social de los bancos y el impacto de los procesos de ajuste en las economías regionales y el empleo.
