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GREMIO LEGISLATIVO RECHAZO LA “SUPRESION” DE DIRECCION DE PERSONAL DEL SENADO Y DENUNCIA PROCTICAS ANTISINDICALES
(29 de octubre) La Asociación del Personal Legislativo (APL), que encabeza Norberto Di Prospero, se declaró en estado de alerta y movilización y manifestó su “más enérgico repudio” a lo que califican como “maniobras espurias y violentas” dentro del Honorable Senado de la Nación. El gremio denuncia una estrategia para desarticular la Dirección de Personal y forzar la renuncia de una funcionaria con amplia trayectoria.
La organización sindical apunta directamente contra la Directora General de Recursos Humanos (RR.HH.), Alejandra Figini, y la Directora de Auditoría, María Eugenia Tasende. Ambas funcionarias del Senado son señaladas por haber ejercido «aprietes y amenazas» en Comodoro Py contra la Directora de Personal, Mónica Nieto, quien posee más de 20 años en el cargo.
Según el comunicado de APL, ante la negativa de Mónica Nieto de dejar su puesto, se le notificó una modificación en la estructura organizativa del Senado (Decreto 1388/02) con el objetivo de suprimir la Dirección de Personal y sus Subdirecciones.
El gremio interpreta esta movida como un intento de Figini y Tasende de “manejar directamente las competencias del área” y “concentrar el poder en la denominada ‘Super Directora General de RR.HH."”.
APL califica estas prácticas como “desleales” y que contravienen la estabilidad laboral garantizada por la Constitución Nacional, la Ley 23.551, el Convenio OIT N° 151 y la Recomendación N° 159. Además, el gremio recuerda que Mónica Nieto cuenta con inmunidad gremial tutelada por ser miembro de la Comisión Directiva electa del sindicato.
El sindicato remarcó que las conductas de las funcionarias mencionadas “no son nuevas en la Casa, configurando ya un modus operandi destinado a generar miedo e incertidumbre para empujar a trabajadores a tomar decisiones contra su voluntad. Estas prácticas, además de constituir un grave acto antisindical, implican un verdadero hostigamiento laboral”, afirma la APL.
Con este escenario, la Asociación intimó a las autoridades del Senado a que adopten «políticas para que se abstengan de ejercer conductas contrarias a la ética, la lealtad y la buena fe». La APL advirtió que, de no haber una respuesta, iniciará acciones gremiales y judiciales para defender los puestos de trabajo y la transparencia, solicitando «ya la remoción de las funcionarias señaladas, dada la gravedad de los hechos denunciados».
