(30 de agosto) El conflicto en la fábrica de cosechadoras Vassalli se intensificó tras el fracaso de una nueva audiencia entre la firma y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la intervención de la abogada y senadora provincial Florencia Arietto, quien fue repudiada por los trabajadores de la planta. El enfrentamiento, que ya acumula una deuda millonaria con los empleados, se trasladó del ámbito laboral a una confrontación mediática y judicial.
La audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para resolver el conflicto de Vassalli fracasó debido a la ausencia de los representantes de la empresa. En su lugar, la abogada Florencia Arietto, conocida por su rol mediático y su cercanía con La Libertad Avanza, presentó un escrito en el que intentó invalidar la competencia del ministerio provincial, argumentando que el caso debía ser tratado a nivel nacional.
Según el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, y el secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, esta estrategia busca llevar el conflicto a la Secretaría de Trabajo de la Nación, conducida por el exTechint Julio Cordero, una cartera que consideran más favorable a los intereses patronales.
La situación escaló cuando Arietto se presentó en la fábrica y, según informaron trabajadores presentes, intentó realizar una asamblea para dividir a los empleados. Sin embargo, su plan fracasó. Los 280 empleados, junto a sus familias, la enfrentaron y la expulsaron a gritos de la planta.
La indignación de los trabajadores se desató luego de que Arietto publicara en redes sociales que viajaría a Firmat para “defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM”, una declaración que los empleados consideraron ofensiva. Según Romero, la gente le reprochó su constante intento de involucrar al gremio, cuando el problema real es la falta de pago de salarios desde junio, el medio aguinaldo y los aportes previsionales desde abril. “No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo”, expresaron trabajadores a medios locales. La deuda promedio con cada empleado ya asciende a un millón y medio de pesos.
En respuesta a su rechazo, Arietto presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la UOM, Diego y Cristian Romero, por supuestos bloqueos y amenazas. El abogado de la UOM, Pablo Cerra, calificó la denuncia de “absurda e improcedente”, argumentando que la medida de fuerza de los trabajadores es una legítima “retención de tareas” debido al incumplimiento de la empresa en el pago de salarios.
La empresa Vassalli, por su parte, reconoce la deuda pero insiste en que no puede producir debido al “bloqueo sindical”, una postura que los trabajadores desmienten, afirmando que no hay materia prima por las deudas con proveedores. Ante este escenario, la UOM Firmat declaró el estado de alerta y movilización. El lunes, se espera una jornada decisiva para el conflicto.