(2 de septiembre) La firma de la última paritaria de la Asociación de Supervisores de la industria Metalmecanica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA), a cargo de Luis Alberto García Ortiz, dejó abierta una discusión que excede los porcentajes acordados: la evolución del salario real de los trabajadores de la Rama 16 y la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.
Un análisis difundido por sectores internos del gremio muestra una brecha sostenida entre la evolución de los salarios y la inflación. Los números señalan que, en distintos períodos, los aumentos obtenidos por la actividad quedaron por debajo de la evolución del costo de vida, profundizando el deterioro del salario real.
El retroceso ya había quedado expuesto en 2023. Durante ese año, el IPC acumuló una suba del 287,50%, mientras que la Rama 16 registró una evolución del 274,77%. La diferencia fue de 12,73 puntos porcentuales en contra de los salarios.
La brecha continuó durante 2024. Entre abril y diciembre, la inflación acumulada fue del 55,90%, frente a un 51,66% de incremento para la Rama 16. La pérdida en ese período alcanzó los 4,24 puntos porcentuales.
El escenario se profundizó en 2025. Mientras el IPC avanzó un 32,64%, la evolución salarial de la Rama 16 fue del 20,74%, generando una diferencia de 11,90 puntos.
En el período de 2026 analizado por los sectores internos, la tendencia volvió a repetirse: un 27,70% de inflación acumulada frente a un 24,69% de incremento de la Rama 16, con una pérdida real calculada en 2,44%.
El dato que concentra las mayores críticas es el acumulado. Según el informe difundido por los sectores internos, entre abril de 2024 y enero de 2026 el IPC acumuló un 122,67%, mientras que la Rama 16 alcanzó un 90,28%.
La diferencia es de 32,39 puntos porcentuales, que el propio análisis resume como aproximadamente 33 puntos de pérdida de poder adquisitivo.
Para los sectores que cuestionan a la conducción, la consecuencia es concreta: trabajadores que sostienen el mismo esfuerzo laboral pero cuentan con menor capacidad para afrontar sus gastos cotidianos.
El planteo se resume en cuatro consecuencias: menos poder adquisitivo, menos consumo, menor calidad de vida y menor reconocimiento salarial frente al esfuerzo realizado.
Uno de los espacios opositores está encabezado por el dirigente de la Seccional Campana, Carlos Gutiérrez. El propio sindicalista llevó a la Justicia a la conducción de García Ortíz por graves irregularidades en la elección de la entidad, junto a denuncias por la obra social y la administración del sindicato. Las presentaciones siguen vigentes en el ámbito judicial y afirman que podría haber novedades en las próximas semanas.
La discusión salarial también reavivó cuestionamientos sobre la estrategia de la conducción nacional de ASIMRA. Sectores internos sostienen que, al tratarse de un año en el que la UOM se encuentra intervenida, existía una oportunidad para que el gremio asumiera un mayor protagonismo en la negociación con ADIMRA y las cámaras empresarias.
La crítica apunta particularmente al esquema de negociación centralizado. Según plantean, las cámaras agrupan en una misma mesa a empresas con realidades económicas muy diferentes: grandes compañías con capacidad para afrontar mayores incrementos y otras empresas que atraviesan mayores dificultades.
Desde esta perspectiva, consideran que la negociación debería haber contemplado esas diferencias y permitido discutir mecanismos que dieran mayor margen para mejorar los salarios en los sectores con mayor capacidad económica.
En cambio, algunos sectores internos describen el cierre como un acuerdo de carácter principalmente administrativo y cuestionan que se haya priorizado cerrar la negociación antes que avanzar sobre una recuperación más significativa del salario.
Los cuestionamientos no se limitan al porcentaje salarial. Dentro de ASIMRA también señalan que la paritaria no incorporó cuestiones vinculadas con las transformaciones que atraviesa la industria.
Entre los temas que, según los sectores críticos, quedaron afuera aparecen la inteligencia artificial, la capacitación y mecanismos de cobertura frente a despidos.
Para estos sectores, la negociación representaba una oportunidad para discutir no solamente la actualización de las escalas salariales, sino también las condiciones laborales que deberán enfrentar los supervisores ante los cambios tecnológicos y productivos.
La crítica es que el acuerdo terminó funcionando como una continuidad de la pauta salarial existente, sin incorporar nuevas herramientas para afrontar los desafíos que enfrenta el sector.
El cierre también generó cuestionamientos por la forma en que se desarrolló la negociación. Sectores internos sostienen que el acuerdo fue alcanzado sin una participación suficiente de las seccionales y de los trabajadores, y aseguran que existe malestar en distintas regiones.
Uno de los focos de tensión está en la Patagonia. Según los cuestionamientos, la región cuenta con un régimen particular y tradicionalmente tiene margen para negociar algunos puntos adicionales vinculados con las características propias de la actividad.
Sin embargo, los sectores críticos sostienen que cuando las representaciones patagónicas fueron a discutir con las cámaras regionales, el acuerdo nacional ya había sido cerrado por la conducción de ASIMRA.
La situación generó malestar entre dirigentes y trabajadores de la región, que consideran que se perdió la posibilidad de obtener una mejora adicional a partir de las particularidades de la actividad en el sur del país.
A la discusión salarial se suma una fuerte crítica política hacia la conducción encabezada por García Ortiz. Sectores internos cuestionan que la prioridad esté puesta en ordenar las cuentas de la organización y atravesar el escenario de judicialización electoral sin profundizar los conflictos internos.
También cuestionan el estado financiero de la organización y de la obra social, y sostienen que la conducción estaría enfocada en mostrar un balance de gestión de cara al congreso previsto para mediados de año.
En ese marco, interpretan que la paritaria terminó siendo abordada como una cuestión que había que cerrar, antes que como una instancia para disputar una recuperación salarial de fondo.