(3 de agosto) Los últimos datos publicados por el INDEC muestran que 69.769 empleos estatales se perdieron desde el inicio de la gestión de Javier Milei, una cifra que refleja la magnitud del proceso de ajuste sobre el empleo público.
El informe oficial indica que la dotación de la Administración Pública Nacional pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026, una reducción superior al 20%. Lejos de desacelerarse, el recorte continúa: solo durante junio se eliminaron 1.656 puestos de trabajo, mientras que en la comparación interanual la caída alcanzó los 17.477 empleos.
Para el movimiento sindical, el dato excede el número de cesantías. Cada puesto eliminado implica una menor capacidad operativa del Estado, una mayor carga de trabajo para quienes continúan en funciones y una creciente incertidumbre para miles de familias que dependían de esos ingresos. En ese escenario, organizaciones como ATE vienen denunciando desde hace meses que el ajuste no solo se traduce en despidos, sino también en el vaciamiento de áreas estratégicas, la no renovación de contratos y el deterioro de las condiciones laborales.
El propio relevamiento del INDEC refleja que el recorte alcanzó a casi toda la estructura estatal. La Administración Centralizada redujo su planta un 0,7% durante junio, la Administración Descentralizada otro 0,6% y los denominados «Otros Entes» registraron una baja del 0,5%. Solo la Administración Desconcentrada mostró una leve incorporación de personal.
El impacto tampoco quedó limitado a los organismos nacionales. Las empresas y sociedades del Estado perdieron 369 trabajadores durante junio y acumulan 4.848 empleos menos que un año atrás. En paralelo, el primer semestre de 2026 cerró con 7.148 puestos estatales eliminados, lo que confirma que la reducción de personal continúa siendo una política sostenida y no una medida excepcional.
En el plano gremial, las cifras alimentan un conflicto que permanece abierto. Los sindicatos estatales sostienen que la discusión ya no pasa únicamente por la estabilidad laboral de quienes conservan sus puestos, sino también por el impacto que la disminución de personal tiene sobre la calidad de los servicios públicos. Salud, ciencia, organismos de control, atención social y áreas administrativas son algunos de los sectores donde los representantes sindicales vienen alertando sobre la falta de reemplazos y el incremento de las tareas para las plantillas que permanecen activas.
Con casi 70 mil empleos menos desde diciembre de 2023, el empleo público se consolida como uno de los sectores que más sintió el ajuste nacional. Y mientras el Gobierno defiende la reducción de la estructura estatal como una herramienta para disminuir el gasto, el movimiento obrero insiste en que detrás de cada número hay un trabajador que perdió su fuente laboral y un Estado que resigna capacidad de respuesta frente a las demandas de la sociedad.