El sindicato de Abogados del Estado presentó una acusación en la justicia contra un acuerdo entre UPCN y el Gobierno

DENUNCIAN A ANDRES RODRIGUEZ POR BLINDAR A 2.500 FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS

(10 de Agosto) La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentó una denuncia contra el Gobierno Nacional y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) por la firma de un convenio para "facilitar la designación de funcionarios del PRO en la función pública, vulnerando de esta manera los derechos de los trabajadores de carrera de la administración pública nacional"."La AGAE ha interpuesto una Acción de Amparo solicitando se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los ilegítimos acuerdos que denunciamos", explicaron desde el gremio en referencia a lo presentado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, a cargo del Dr. José Ignacio Ramonet, Secretaría de la doctora Cristina Edith Derderian. La acusación apunta a un acuerdo entre el titular de UPCN, Andrés Rodríguez y la administración nacional para beneficiar a unos 2.500 funcionarios que no podrían ser despedidos. Algo así como una “grasa militante blindada”.

De acuerdo a lo presentado ante la Justicia laboral, el Gobierno y UPCN, bajo el título "Alta Dirección Pública" han alcanzado un acuerdo que busca ´blanquear´ situaciones irregulares que desde hace tiempo se hallan presentes en la Administración Pública y que afectan gravemente el ´derecho a la carrera administrativa´ consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales", señaló Ramos.

Hoy el acceso a cargos directivos de responsabilidad superior (con Función Ejecutiva) está regido por una normativa que impone requisitos profesionales en línea con dicha responsabilidad y una remuneración acorde, adoptando el "concurso" como principio para la selección del funcionario que habrá de ocupar el cargo.

"Esta normativa viene siendo sistemáticamente vulnerada mediante designaciones ´transitorias´, es decir, sin concurso y en la mayoría de los casos sin que la persona designada cumpla los requisitos de idoneidad mínimos legalmente exigidos, que han recaído en quienes sólo necesitaban un compromiso de lealtad con las autoridades políticas de turno", explicó Ramos.

"Este artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza bajo el slogan ´la organización lo hace posible´, nos obliga a la denuncia y rechazo públicos de cualquier acción y decisión en el marco de lo descripto", sostuvo Rubén Ramos, secretario General del gremio.

"Desde sus comienzos, esta Asociación sostiene como uno de sus pilares fundamentales el Derecho a la Carrera del empleado público y del abogado del Estado y la imprescindible necesidad de que los cargos (en especial los de mayor jerarquía) se cubran mediante procedimientos de selección que aseguren la designación de los mejores", concluyó.

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