La disposición dispuesta por el entonces ministro Triaca eliminaba los gremios con escasa actividad o problemas administrativos

GOBIERNO DEROGO RESOLUCION GREMIAL PARA NO SER SANCIONADA EN OIT

(11 de Junio) Mientras se desarrolla la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Gobierno trató de no profundizar las denuncias en su contra y decidió  derogar una normativa que apuntaba a caducar gremios con escasa actividad o debilidades administrativas. La Argentina está siendo seriamente cuestionada en la OIT por la degradación del mercado laboral, los despidos y la quita de derechos. La resolución fue interpretada como un mecanismo de la administración de Mauricio Macri para no ser amonestada por el órgano multilateral que sesiona en Ginebra (Suiza). La resolución 751 de la Secretaría de Trabajo fue difundida durante las deliberaciones de la OIT, mediante la cual quedó derogada una norma que había firmado a fines de 2017 el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Aquella disposición, la 17/2017, de la Dirección de Asociaciones Sindicales, consagraba una suerte de purga al excluir del registro de inscripciones gremiales a las organizaciones que no hubiesen acreditado actividad en los tres años previos y les daba un plazo de 60 días para regularizarse.

La ley de Asociaciones Sindicales contempla en la Argentina dos niveles de reconocimiento por parte del Estado: la personería gremial, que consagra el monopolio de representatividad al brindarles a los incluidos plenos derechos para accionar en un conflicto o negociación colectiva, potestad de recaudación de cuota de afiliación y la retención de fueros para sus delegados, entre otras prerrogativas. El siguiente escalafón, de menor jerarquía, es la inscripción gremial: consiste en un mero trámite de reconocimiento a cualquier entidad sindical con la presentación de avales mínimos pero que en la legislación no otorga mayores facultades.

La diferenciación entre unos y otros, sin embargo, mereció cuestionamientos a los gobiernos argentinos vía la OIT y hasta fallos contrarios por parte de la Corte Suprema. Para ambas instancias (al menos en la anterior composición del tribunal) no deberían existir mayores distinciones a la hora de dotar a los trabajadores de herramientas para su defensa ante los empleadores.

Pero si la divisoria legal ya era motivo de objeciones para la Argentina, la disposición 17 amenazaba directamente con poner al país en la mira de la actual conferencia de la OIT. La había ordenado Triaca a su equipo como uno de los varios mecanismos para cercar a los gremios disidentes que aplicó en su gestión. Su sucesor, Dante Sica, y el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, dieron marcha atrás con la nueva resolución, de fecha 6 de junio pero dada a conocer en Ginebra ayer mismo.

En los considerandos de la resolución el Ejecutivo admitió que durante su vigencia la disposición no tuvo “la operatividad y los efectos esperados al momento de su dictado” y añadió que el artículo 14 bis de la Constitución “establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador, entre otras, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

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