La denuncia fue presentada por Nancy Pastorino, dueñá de Expreso Pontevedra

PROCESAN A DIRIGENTES DE CAMIONEROS POR PRESUNTO DELITO DE EXTORSION

(12 de Octubre) El Tribunal Correccional en lo Criminal y Correccional N° 3 procesó a dirigentes de Camioneros, algunos de ellos perteneciente a la comisión directiva  del sindicato que lidera Hugo y Pablo Moyano, por presunto delito de extorsión. Esta medida es a consecuencia de una denuncia presentada por una propietaria de una empresa familiar de transporte por el cobro de una supuesta deuda inexistente. En mayo, la dueña de la empresa Expreso Pontevedra, Nancy Pastorino, aseguró que la quisieron extorsionar por 500.000 pesos. Incluso, difundió una serie de audios donde grabó las llamadas que le realizó el Raúl Altamirano, secretario de Fiscalización, Verificación y Cobro de Aportes y Contribuciones del gremio exigiéndole el pago de esa suma para arreglar una deuda total casi 2.000.000 de pesos.

Según se conoció, los procesados bajo esta figura son: Jorge Osvaldo Zenklusen, Mario Ernesto Villalba, Juan Alberto Acevedo, Emilio Puebla, David Tamola, Altamirano y el tesorero, Paulo Villegas, siendo que estos dos últimos forman parte de la Comisión Directiva nacional. Vale recordar que, como relató Pastorino, las "presiones" comenzaron en noviembre del año pasado cuando diferentes personas que decían representar a Camioneros la citaban al gremio.

Asimismo, el la resolución donde se nombra el avance de la causa aseguran que el16 de mayo de 2018, Nancy Gabriela Pastorino y Carlos Domingo Pachilli se presentaron en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, donde explicaron la situación que estaba viviendo la dueña de esta empresa familiar de transporte de cargas de Merlo

Entre el mes de diciembre del año 2017 y el mes de mayo de 2018 habían recibido sucesivos llamados telefónicos y celebrado reuniones bajo coacción con los miembros del Sindicato de Choferes de Camiones quienes le exigía el pago de una deuda de un millón novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos ($ 1.999.600.-) por diferencias en la cantidad de kilómetros que se liquidaban a los choferes, sin exhibirle ningún tipo de documentación que respaldara ese reclamo", aseguraron ante la Justicia.

Al tiempo que destacaron que esta exigencia les parecía una “locura" porque todo su personal está "debidamente registrado según la legislación laboral vigente y perciben sus sueldos de acuerdo a las pautas establecidas por convenio", al tiempo que resaltaron que "fueron objeto de amenazas relativas a que, en caso de no pagar, los miembros del Sindicato intervendrían ante las empresas dadoras de carga para que no tuvieran más trabajo".

Para finalizar, destacaron que "la firma ‘Expreso Pontevedra S.A.’ no registra deuda respecto de los conceptos contenidos en el Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos", siendo que en el momento en el que denunció lo que le ocurría, mostró la “constancia de libre deuda” expedida por el mismo gremio, en la que se aclaraba que la empresa “registra pagos de aportes y contribuciones hasta el mes de febrero de 2018”.

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