El empresario y dirigente del SOEME podría llegar a Buenos Aires en los próximos días

DEFINEN EXTRADICION DE BALCEDO

(9 de enero) El futuro del empresario y sindicalista Marcelo Balcedo se definirá esta semana cuando el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak formalice el pedido de extradición del detenido en Uruguay. Por lo pronto, el magistrado espera que a través de Cancillería le lleguen las actuaciones labradas sobre la efectivización de las capturas de Balcedo y su esposa, Paola Fiege, para pedir a más tardar esta semana el traslado de ambos hacia la Argentina. Kreplak ordenó la detención de ambos por el delito de lavado de dinero y analiza si imputarles también la comisión del delito de asociación ilícita a través de la cual fueron extraídos más de $ 80 millones de los fondos del Soeme, en forma irregular, para ser destinados al patrimonio familiar de los Balcedo.

Por lo pronto, la Justicia de Uruguay dictó el viernes último la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el magistrado platense solicite su extradición. Lo cierto es que la respuesta al pedido de extradición podría demorarse dado que en el vecino país se investiga el origen de los autos de alta gama y de las armas secuestradas en la chacra "El Gran Chaparral". 

En ese sentido, Daniel Espinosa, secretario Antilavado de Uruguay, reconoció que la solicitud "podría retrasarse" hasta tanto se determine el origen de esos bienes. Sin embargo, la defensa de Balcedo también deslizó que el gremialista podría no ser extraditado. 

Uno de los abogados del titular del SOEME en Uruguay, Pablo Correa, sostuvo que será el propio sindicalista quien decidirá aceptar su repatriación. "Nuestro cliente es muy formado. Tiene un título de ingeniero y postgrados en Harvard. Él decidirá qué es lo que más le conviene a sus intereses. No es un hombre al que se le impongan las cosas", remarcó.

Balcedo, secretario general del Soeme y empresario de medios en La Plata, fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra "El Gran Chaparral", ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales. Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.

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