El jefe de UPCN sostiene que no habra cambios con la creación de una sociedad anónima

RODRIGUEZ: "NO HABRA DESPIDOS EN VIALIDAD"

(6 de Octubre) El líder del sindicato de estatales (UPCN) Andrés Rodríguez aseguró que la creación de una sociedad anónima para construir y mantener rutas y autopistas "no va a afectar a los trabajadores de Vialidad Nacional". "Tenemos trabajados afiliados involucrados, estamos preocupados, pero nos han aclarado que esta empresa, simplemente, tiene metas para revocar y volver a concesionar a terceros y, a partir de ello, tiene una durabilidad efímera. Por lo tanto, no va a afectar a los trabajadores estables tanto de Vialidad Nacional u otros organismos del área", como el OCCOVI, sostuvo.

El Gobierno constituyó Corredores Viales S.A., que se utilizará para construcción, reparación, conservación, ampliación, mantenimiento, financiación y administración en rutas, autopistas y accesos viales de jurisdicción nacional de toda concesión con cobro de peaje. Según lo dispuso el decreto 794/2017, la nueva sociedad estará integrada por el Ministerio de Transporte en un 51% del capital social de titularidad del Estado Nacional y por la Dirección Nacional de Vialidad, que tendrá el restante 49%.

"En la medida en que se cumpla esta premisa, en que no se afecten los derechos de los trabajadores estables en los diferentes organismos y los derechos adquiridos, no tenemos inconvenientes" con la decisión del Gobierno de crear una SA. 

"La empresa deberá rendir cuentas y se va a controlar, es un resorte del Poder Ejecutivo. Si no lo hicieron por una ley del Congreso, es porque lo habrán estudiado desde el punto de vista normativo. No vamos a prejuzgar algo en la medida en que no afecte a los derechos de los trabajadores. Si el fin es reacomodar las concesiones, habrán considerado que esa es la forma más ágil de realizarlo, y eso lo respetamos", enfatizó el sindicalista.

La postura de Rodríguez es opuesta a la que expresó el otro sindicato del sector estatal, ATE, que consideró que la medida oficial es una "privatización" de Vialidad Nacional, que "pone en riesgo seriamente las funciones que el Estado debe tener en el desarrollo vial de una Nación y la fuente laboral de miles de familias y los derechos del convenio colectivo".

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